Por Bernardo Berger Fett
Diputado por Los Ríos
El lector me dirá que esta quema no es nada nuevo. Y tiene razón. Más preocupante aún. Llevamos años de una situación en extremo anormal en la macrozona, donde la normalidad que se instaló parece ser balazos, apedreamientos en la carretera, corte de caminos, escaramuzas, quema de vehículos y de la propiedad, incluso de tanto en tanto el daño físico a personas y pérdida de vidas humanas.
Los esfuerzos por controlar la delincuencia –porque eso es, aunque duela a algunos– han sido infructuosos, y no exentos de polémicas. Han dejado en evidencia debilidades en la función de inteligencia, en la capacidad coercitiva del Estado de Chile y, lo que es más peligroso, en la vulnerabilidad en que se sienten viviendo millones de chilenos que, lejanos a los conflictos, a lo único que aspiran es a vivir en paz y en derecho.
Este tipo de hechos desgraciadamente suelen quedar en nada a la hora de perseguir un resultado investigativo o una sanción judicial. Y ojo en esto, pues ya hace un tiempo quedaba al descubierto la profunda fragilidad de nuestras leyes a la hora de imponer penas ejemplarizadoras.
De ahí que considero un gran avance el proyecto de ley ingresado hace pocos días por el Ejecutivo, que endurece precisamente las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados, modificando para ello el Código Penal para incluir a los camiones y buses con personas en su interior a los delitos de incendio. Crea además una nueva agravante para quienes comentan el ilícito. De esa forma, homologa los vehículos de transporte a los demás bienes inmuebles.
La iniciativa, llamada “Ley Juan Barrios” –en alusión al atentado en Traiguén en febrero en que el chofer murió en un atentado mientras dormía al interior de su camión- no es suficiente, pero es un gran paso para poner coto real a la violencia, y entrega a los tribunales un mayor espectro sancionatorio. Desde ya adelanto que este proyecto contará con mi voto llegado el momento de decidir en el Congreso.
