Tras una jornada de trabajo como cualquier otra, los jóvenes no podían creer que estuvieran siendo internados en el mundo y los códigos de la cárcel a la mañana siguiente. Su caso forma parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y actualmente mantienen una demanda de compensación al Estado. Esta es su historia.
Como cada jornada, la noche del 21 de septiembre del 2015, Elizabeth Mendoza Pérez, de 27 años, atendía la botillería Cuatro Estrellas de su padre, en Villa Los Alcaldes, en el sector sur de Valdivia. La ayudaba cargando y reponiendo mercadería, Luis Ojeda Lagos, un joven de 19 años que vivía con sus padres en Villa Los Ediles y cursaba sus estudios de enseñanza media dos en uno, para luego postular a la Escuela de Gendarmería. Luis había conocido por pichangas de barrio a Daniel Velásquez, pareja de Elizabeth, quien trabajaba como guardia de seguridad, y desde esa amistad surgió la posibilidad de trabajar en la botillería y ayudar a Elizabeth. La amistad entre los tres se fue afianzando y no era raro que Luis, luego de sus clases en el centro de Valdivia, se fuera directo a la casa de la pareja y en la tarde partiera junto a su amiga a abrir la botillería. Poco antes y por seguridad, habían acordado que un conocido y vecino, que manejaba un taxi informal, pasaría a buscar a Elizabeth regularmente y la llevaría hasta su casa luego de que hiciera caja y se cerrara el negocio a medianoche. Así sucedió la noche del 22 de septiembre y también se fue con ellos Luis, quien quería pasar a buscar su mochila y cargar su celular en la casa de sus amigos, antes de partir hacia la suya. Elizabeth llevaba consigo la recaudación del día, la que había aumentado debido a las celebraciones de fiestas patrias y paquetes de cigarros para ella y su familia.
Infortunada coincidencia
Lo que no sabían ni Luis ni Elizabeth, era que el conductor, momentos antes había estado vinculado a un robo, al transportar a dos hombres y una mujer, delgada y pequeña, tal como Elizabeth, quienes habían asaltado otra botillería de Valdivia. Tras este hecho, una de las víctimas del robo, salió del local y anotó la patente del vehículo e inmediatamente dio cuenta a carabineros. La policía determinó que el domicilio asociado a la patente, se ubicaba en el pasaje donde vivía el conductor y Elizabeth como vecinos. Carabineros llegó hasta esa esquina e interceptó el auto en que ahora viajaban la joven, Luis y el taxista y no los verdaderos asaltantes, a quienes el conductor había dejado en otro sector cercano.
“¡Pero mírenlos bien!”
Elizabeth y Luis cuentan que carabineros les ordenó bajarse del auto con insultos y apuntándoles con armas de fuego. Luis, estupefacto, les explicaba que regresaban de cerrar el local donde trabajaban. Los tres fueron esposados y subidos al furgón policial, escena que fue fotografiada y difundida profusamente en los medios de comunicación de Los Ríos. Ya en la Subcomisaría Oscar Cristi Gallo y cuando aún estaban en el vehículo policial, llegaron al recinto las víctimas del asalto. Elizabeth y Luis relatan que abrieron la puerta, fueron alumbrados y una de las víctimas afirmó que no eran ellos. “Pero mírenlos bien!”, aseguran que insistía un efectivo policial. Ellos aun no sabían la razón de su detención. A los minutos, comentan, la persona afirmó que sí los reconocía. La teoría de ambos, es que al momento en que el efectivo policial le mostró y entregó el dinero, la víctima se convenció de que sí eran los verdaderos culpables.
Solo alrededor de las 4 am, en el calabozo del cuartel policial de avenida Francia en Valdivia, supieron el por qué estaban detenidos y que pasarían a audiencia de control de detención y formalización durante la mañana de ese día.
78 días de cárcel y miedo
En la audiencia de esa mañana, Elizabeth Mendoza, Luis Ojeda y el conductor fueron formalizados por robo con intimidación. El Ministerio Público expuso que habían sido reconocidos por las víctimas y que al interior del taxi se había encontrado 180 mil pesos en efectivo y ocho paquetes de cigarros. Elizabeth y Luis alegaron inocencia. En la misma audiencia, el conductor declaró que ambos eran inocentes y, si bien dijo que él no había participado del asalto, reconoció haber trasladado a los verdaderos partícipes. El Juez de Garantía decretó arresto domiciliario parcial, pero el Ministerio Público apeló verbalmente y los tres ingresaron de inmediato al Complejo Penitenciario, en espera de lo que decidiera la Corte de Valdivia. El Tribunal de alzada le dio la razón a la Fiscalía y resolvió la prisión preventiva para ambos.
Tras una jornada de trabajo como cualquier otra, Elizabeth y Luis no podían creer que estuvieran siendo internados en el mundo y los códigos de la cárcel a la mañana siguiente. En un estado de miedo, confusión e impotencia, solo sabían que debían cuidarse dentro del penal y aun con incertidumbre, confiaban en que su inocencia se aclararía pronto. Elizabeth relata que le llegó un mensaje de amenaza al interior del penal y la acongojaba la situación emocional de su hijo Javier, de 8 años en esa fecha. Además, estuvo tres días hospitalizada, engrillada de manos y pies. “Es una de las cosas que más me quedó marcada”, comenta aun afectada.
Semanas después, la Defensoría Penal Pública solicitó audiencia de revisión de prisión preventiva, donde se presentaron nuevos antecedentes y se hizo hincapié, con certificados médicos en mano, en que una malformación genética en las manos y pies de Elizabeth, el síndrome ectrodactilia displacia ectodérmica, hacía imposible que ella hubiera tomado un cuchillo y paralelamente registrado y sustraído el dinero de la caja. También llevaron boletas que acreditaban las ventas del día, para justificar el dinero que portaba en el vehículo. No obstante, el Tribunal de Garantía decidió mantener la prisión preventiva para ambos y solo el 09 de diciembre de ese año, tras 78 días presos, el tribunal cambió la medida cautelar de ambos por arresto domiciliario nocturno, el que se extendería por casi un año, hasta el 2 de noviembre del 2016.
Largo camino al sobreseimiento por inocencia
La Defensoría Penal Pública cuestionó el reconocimiento de la víctima, que consideraba ajeno a todo protocolo. “Fueron más bien exhibidos por carabineros como los autores que habían cometido el delito” señalaría en la última etapa del caso, la defensora pública Ximena Triviños. El perito de la Defensoría Pública, Nasslo Sáez realizó un análisis comparativo de la ropa incautada, con imágenes de redes sociales de los verdaderos involucrados con esa vestimenta. Una testigo, vecina de la botillería del padre de Elizabeth, manifestó haber conversado con ella en el negocio la noche de los hechos y que escuchó cerrar la reja del negocio a la 01:00 am, lo que coincidía con la declaración del conductor y que probaba que Elizabeth y Luis, no podrían haber estado situados en el lugar del delito a la hora que ocurrió este.
Solo en noviembre de 2016, más de un año después, el tribunal determinó revocar todas las medidas cautelares para Elizabeth y Luis. En mayo de 2017, el Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a los verdaderos partícipes, ya confesos, la que se realizó recién el 23 de agosto de ese año. “Esto ocurrió dos años después y a diferencia de Elizabeth y Luis, todos fueron dejados en libertad, no se solicitó prisión preventiva ni arresto domiciliario y además, se les ofreció un procedimiento abreviado. “Un tratamiento muy distinto a lo que vivieron Elizabeth y Luis”, señala la defensora Triviños.
En la misma audiencia, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en favor de Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda, no obstante, la defensa consideró que tras dos años de investigación y la privación de libertad de ambos, esto no bastaba y debían ser sobreseídos definitivamente por inocencia. Más tarde, por insistencia de la defensora Ximena Triviños, esta audiencia se realizó y el sobreseimiento definitivo fue decretado el 18 de diciembre de 2017 por la entonces Jueza de Garantía, Alodia Prieto, quien sustentó su decisión en que de acuerdo a los antecedentes “aparecía claramente establecida la inocencia” de ambos imputados.
El daño y la esquiva reparación
Los costos emocionales, sociales, laborales y en proyectos de vida impactaron las vidas de Elizabeth y Luis y todo en su entorno afectivo.
“Es una suma de secuelas. En lo laboral, la botillería de mi papá, donde yo trabajaba al momento de la detención, luego quebró por esta situación. Además, por el hecho de enrolarse para ir a verme a la cárcel, mi pareja ya no pudo postular a Gendarmería y mi hijo hasta el día de hoy mantiene una alergia nerviosa. A pesar de que existe un papel que prueba mi inocencia, la gente se queda con el prejuicio y la desconfianza y una la nota”, expresa Elizabeth. También cree firmemente que, ante todo, deben mejorarse los criterios y prácticas para que casos como el suyo no ocurran.
“Más allá de que el ‘Proyecto Inocentes’ funcione, es fundamental que vaya cambiando la forma en que se llevan los procedimientos o se produzca un cambio en la gente encargada de la justicia”, señala.
Para Luis en tanto, el estar preso y el arresto domiciliario parcial le significó adversidades para completar sus estudios y la mirada desconfiada de profesores y compañeros de curso. La posibilidad de postular a Gendarmería se esfumó y debió comenzar a trabajar como obrero a sus 19 años. Hoy tiene 24 años y es maestro enfierrador de obras de construcción.
Actualmente, Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda se encuentran demandando una indemnización al Estado en la justicia civil por su injusta imputación de un delito grave y la privación de libertad. Ambos son representados por abogadas del estudio Valdés & Asociados, en el marco de un convenio entre la Fundación ProBono y la Defensoría Penal Pública.
“Las marcas personales no las cubre el dinero, y hasta el día de hoy esperamos un reconocimiento, una disculpa, que alguien reconozca que hubo un error”, exige con serena firmeza, Elizabeth.
