Acuerdo municipal tomado la tarde de este miércoles contó con cinco votos a favor y dos abstenciones, y busca el pronunciamiento del Tribunal Electoral respecto de los cargos que se le formulan en el sumario de Contraloría Regional al exalcalde y actual concejal, Luis Reyes.
A través de un informe, la Contraloría dio a conocer diversas irregularidades en la administración del exalcalde Luis Reyes, en la comuna de Río Bueno, relativas principalmente a modificaciones presupuestarias sin aprobación del Concejo Municipal, tras lo cual se realizó un sumario que formuló cargos a la ex autoridad.
Con los votos a favor de la alcaldesa Carolina Silva y los concejales Montecinos, Unión, Pérez y Rosas, y las abstenciones de los ediles Quezada y Reyes, se aprobó pedir el pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional, que como máxima medida podría destituir a Luis Reyes de su cargo de concejal e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un período determinado de tiempo.
Según señala la resolución de Contraloría, se encontraría plenamente acreditada la responsabilidad administrativa del exalcalde, ya que en al menos tres de los cargos el fiscal del sumario determinó que Reyes no había adoptado decisiones eficientes respecto a la correcta administración de los recursos financieros del municipio, que tuvo en el periodo investigado un déficit de más de 174 millones de pesos.
Además, el segundo cargo establece que emitió un decreto municipal de modificación presupuestaria por más de 336 millones de pesos sin aprobación del concejo, en tanto que el tercero se refiere a la contratación de seis personas a honorarios con cargo al ítem de servicios comunitarios, sin que se reúnan los requisitos para que sean contratados en esa función.
En la reunión de este miércoles la discusión fue bastante acalorada, y fueron las afirmaciones realizadas por el concejal Juan Unión, en cuanto a que había existido una colusión para que estos hechos ocurrieran, las que llevaron al edil Reyes a responder tales afirmaciones, señalando que, “intentar generar hoy día una situación de casi colocar la administración anterior y las personas mencionadas en este sumario en el paredón, siento que no corresponde”.
Rosas sostuvo que, de cara a la ciudadanía, el acuerdo tomado de solicitar el pronunciamiento del Tribunal Electoral “es un proceso sano, transparente, que tiene que llevarse a cabo, para que todos queden tranquilos, que las acciones se están cumpliendo, que las organizaciones están funcionando, y que nosotros también estamos cumpliendo el rol fiscalizador que nos convoca la ciudadanía y nos otorga la ley”.
El Tribunal Electoral es la máxima instancia a la que se puede recurrir cuando las autoridades cometen actos administrativos sancionados por la ley, debiendo pronunciarse respecto a las sanciones que se le aplicarán a la autoridad que haya faltado gravemente a sus funciones.