Chile se enfrenta a un nuevo escenario económico, político y social, en un contexto altamente complejo: una pandemia global sin precedentes, que nos desafía en todos los aspectos de la vida y repercute en nuestra forma de avanzar hacia el desarrollo. Esta nueva realidad impone otros desafíos a la institucionalidad pública: recuperar la confianza de los ciudadanos es fundamental.
“Si bien en las últimas décadas, el Estado ha experimentado un proceso de modernización y crecimiento económico que ha redundado en un país mucho más complejo, con una sociedad más participativa y demandante, la modernización de la gestión pública ha tenido un acento más técnico que participativo”, señala Sandra Ibáñez, directora del Magíster en Gerencia Pública de la Universidad San Sebastián.
Según la académica, aquí es donde hay espacio para avanzar, especialmente en aspectos que tienen que ver con el centralismo y cómo se configura un Estado más presente y consciente de las necesidades de los territorios. “Es decir, que se haga cargo realmente de las diferencias evidentes que presentan las regiones, no solo desde el discurso, sino también desde la co-construcción de soluciones pertinentes”.
Ahora es el momento de plantear objetivos más ambiciosos y sustantivos, que estructuren una agenda de mediano plazo para transformar la modernización en una política de Estado. Para ello, sostiene, “es importante afianzar la relación Estado-ciudadano, fomentando la participación para abordar desde una dimensión integral, los procesos de transformación de nuestra sociedad”.
La tarea de modernización requiere sostenerse en una visión con amplia legitimidad política y social, “que proponga alcanzar metas ambiciosas de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo; y se traduzca en acciones inmediatas con alta posibilidad de cumplimiento y experiencias de logro, que puedan ser percibidas por la ciudadanía como efectos reales”, señala la académica.
Participación ciudadana
Sin lugar a duda, la participación es un factor estratégico que puede afianzar la estabilidad de las instituciones y la gobernabilidad democrática, al controlar y limitar el poder del Estado. Se articula como eje central de un régimen democrático moderno, que concibe la relación Estado-ciudadano, como de cooperación y no de sumisión; es decir, “una relación más horizontal y cercana, que involucra a la ciudadanía en el diseño, elaboración y control de políticas y programas, garantizando una mejor pertinencia de las decisiones públicas”, asegura Ibáñez.
Por otra parte, la participación ciudadana mejoraría la calidad y eficiencia de la gestión pública como mecanismo de expresión e integración de las demandas de interés público, incorporando la capacidad propositiva e innovadora de los ciudadanos, que aportan en la co-creación de las políticas públicas con una visión territorial.
Así, “el foco de la modernización del Estado está, por una parte, en lograr la satisfacción de los usuarios, mejorar la calidad de los servicios públicos y elevar los niveles de transparencia. Y por otra, se requiere incorporar técnicas de gestión más modernas para hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento de los organismos públicos. En definitiva, se trata de dar nuevos bríos al servicio público para lograr mayor equidad y competitividad, con un Estado renovado y una relación más cercana a los ciudadanos”, concluye Ibáñez.