Hasta el 2022, el Ministerio de Bienes Nacionales contaba solo con 4 drones para cumplir su tarea de fiscalización. El número era claramente insuficiente para la magnitud de la tarea, tomando en cuenta que las ocupaciones ilegales e irregulares superan las 19 mil en todo el país.
Situación que mejora sustancialmente este año, porque entraron en operaciones 12 drones nuevos de última generación, que permitirán no sólo optimizar el tiempo de fiscalización, sino también un control más oportuno del territorio, detectando de forma más rápida y con mayor alcance de cobertura problemas como las tomas y loteos incipientes en terrenos fiscales, además del acceso a playas.
Ahora Bienes Nacionales cuenta con una dotación de 16 drones a nivel nacional, asignados uno por región. Asimismo, están en proceso de contratación 12 nuevos fiscalizadores, aumentando la dotación actual a un total de 49. Con esto se podrá incrementar este 2023 la capacidad de fiscalizaciones anual de 5.000 a 7.000 a nivel nacional, lo que implicará un 40% de crecimiento en relación al 2022.
“Desde que asumimos en el Ministerio de Bienes Nacionales nos dimos cuenta de lo extendido y masivo que es el fenómeno de las ocupaciones ilegales e irregulares. Así que esto va a permitir fortalecer nuestra labor, sobre todo en las regiones con más problemas de este tipo y así tomar mejores decisiones para que el territorio fiscal, que es de todas y todos los chilenos, esté al servicio de las necesidades de las personas y tenga como prioridad el bien común. Ese es el compromiso que tenemos como gobierno y el mandato que nos ha dado el Presidente”, destacó la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.
La incorporación de estos drones fue posible gracias al aumento de recursos que obtuvo el ministerio con el Presupuesto 2023, el cual estará enfocado justamente en fortalecer la fiscalización.
Los 12 drones nuevos de última generación (marca Autel modelo EVO II Pro V2) tienen un mayor alcance y autonomía que los actuales (Anafi Parrot), y destacan por su capacidad de operar en condiciones extremas, obtener imágenes de mayor calidad y calcular de modo fácil superficies y volúmenes, lo que es clave para el trabajo en terreno.
Así lo destaca Haroldo Henríquez, jefe de la Unidad de Fiscalización y Tasación de Bienes Nacionales, “hasta ahora, el Ministerio contaba con unos drones de una autonomía baja, que pueden estar tan solo 15 minutos en el aire y tienen un alcance menor, de unos dos kilómetros. Con estos nuevos drones, nosotros estamos multiplicando varias veces y el alcance de la fiscalización en el aire”.
Los nuevos drones tienen una autonomía de 40 minutos de vuelo, pueden llegar a 7 mil metros sobre el nivel del mar, y además cuentan con un gran alcance en horizontal, porque se pueden distanciar más de 7 kilómetros de quien lo está pilotando.
“Eso nos va a permitir fiscalizar grandes extensiones ocupadas en la zona norte, tenemos casos en Arica, Tarapacá, Antofagasta, con ocupaciones que superan las 100 hectáreas, y estos drones nos van a facilitar ese trabajo. Es un tremendo desafío poder estar en cada lugar donde hay un terreno fiscal, y controlarlo. Y eso solo se puede hacer con este tipo de tecnología”, indicó el jefe de la Unidad de Fiscalización.
Los nuevos drones serán asignados a las regiones con más ocupaciones de terrenos fiscales vigentes a la fecha: Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío, Coquimbo, Tarapacá, Arica y Parinacota, Los Ríos, Valparaíso, Los Lagos, O’Higgins y Maule.
En tanto, los 4 con los que ya contaba el Ministerio –y que estaban operando en las regiones del norte del país- ahora serán redestinados a Ñuble, La Araucanía, Aysén y Magallanes, las cuales tienen una menor cantidad de ocupaciones vigentes, de acuerdo con los registros de Fiscalización de Bienes Nacionales.
Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales Los Ríos, Jorge Pacheco Rosas, comentó que “es una gran noticia y un gran aporte al trabajo territorial que desempeñamos en la región de Los Ríos. Esta importante herramienta tecnológica permitirá resguardar el patrimonio fiscal y también estar vigilante de las posibles ocupaciones irregulares que pudiesen existir en la región”.