Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un sujeto formalizado durante la jornada de este viernes por el delito de robo con violencia e intimidación, a raíz de un asalto registrado en mayo de 2021 a una sucursal de Servipag ubicada en la comuna de Panguipulli.
El fiscal (s) de Panguipulli, Eduardo Díaz, explicó que “en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público, en coordinación con personal de la SIP de Carabineros de Panguipulli y Labocar de Carabineros de Valdivia, este viernes se realizó ante el Juzgado de Garantía de Panguipulli la audiencia de formalización de la investigación respecto de una persona por su participación en calidad de autor en un delito consumado de robo con violencia e intimidación, hechos que afectaron a un local comercial del sector céntrico de la comuna de Panguipulli, específicamente a una sucursal de Servipag”.
Sobre la dinámica de los hechos, el persecutor señaló que “esta persona, en compañía de al menos cuatro sujetos más, vestidos de overoles y portando objetos con apariencia de armas de fuego, intimidaron y agredieron a los trabajadores de dicho local comercial para posteriormente procederá sustraer la suma aproximada de 4 millones de pesos en dinero en efectivo, con los cuales posteriormente huyeron del lugar en dirección desconocida”.
El fiscal resaltó que “lo relevante de esta investigación es que estos hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2021, y luego de la investigación desarrollada durante este tiempo, se logró determinar científicamente que el imputado formalizado el día de hoy participó en los mismos. Se logró determinar su participación en los hechos en virtud de informes periciales, específicamente mediante el comparativo de ADN realizado con muestras de sangre levantadas en el sitio del suceso, con el registro nacional de ADN”.
Asimismo, precisó que “el Juzgado de Garantía de Panguipulli, accediendo a nuestra solicitud, resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva, no solamente porque su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, sino porque también su libertad constituye un peligro para la seguridad de las víctimas, teniendo en especial consideración la naturaleza del delito formalizado y las amplias condenas previa que el imputado mantiene”.
Además, el tribunal determinó un plazo de 60 días para desarrollar la investigación de esta causa.