Por Egon Montecinos
Decano FACEA – UACh
Los casos conocidos como “fundaciones y convenios” en algunos gobiernos regionales, sumado a los mediáticos casos de corrupción en Maipú y en otros municipios, obligarán a que los partidos políticos, coaliciones y especialmente los propios candidatos (as) a los diferentes cargos, se deban concentrar en algunos aspectos que parecen esenciales para tener una elección de autoridades territoriales con alta legitimidad, y que contribuya al fortalecimiento de la descentralización del país.
Primero, a diferencia de la elección territorial anterior, donde se dio en el marco de voto voluntario y en medio de una pandemia, esta vez será con voto obligatorio, y esperemos, sin emergencia sanitaria de por medio. Esto obligará a candidatos (as) a hablarle no sólo a “sus nichos” o “sectores”, sino que, a todo el electorado habilitado para votar. Ello será complejo, sobre todo para llegar a aquella parte de la sociedad, o del electorado, que es indiferente a la política o a los procesos electorales propiamente tal, y que, dado los últimos acontecimientos de falta a la probidad en gobiernos subnacionales, mantendrá una postura negativa ante este tipo de elecciones.
Segundo, por cierto que las propuestas programáticas deberán hacerse cargo de los temas coyunturales de cada región o comuna. Pero por sobre todo deberán hacerlo de aquellos temas que de manera negativa han sido noticia nacional y que afectan a gobiernos regionales y municipalidades. Acá, pagarán justos por pecadores, incluido los que lo han hecho bien en el ejercicio de su rol deberán hacerse cargo simbólicamente por los errores o delitos cometidos por aquellos que lo han hecho mal, y que se han llevado toda la atención de los medios de comunicación masivos.
Pues bien, la dimensión positiva de esto es que se debe traducir en que candidatos (as) a alcaldes y gobernadores regionales, deban presentar en sus programas de gobierno, como nunca antes lo han hecho, propuestas contra la corrupción o falta a la probidad. Probablemente con acciones que vayan más allá de lo planteado en las leyes que existen en el país (lobby, transparencia, declaración de patrimonio e intereses), las que debieran estar vinculadas con medidas de fortalecimiento de la participación ciudadana, igualmente con propuestas que vayan más allá de lo planteado en la ley 20.500.
Tercero, la vinculación de estas elecciones territoriales con el proceso de descentralización en marcha, será compleja para el gobierno nacional y para algunos (as) candidatos (as) afines. No será fácil para algunos candidatos (as) a gobernador regional, especialmente para aquellos que tengan afinidad con este gobierno, evadir la promesa presidencial de terminar con los delegados presidenciales regionales. Sobre todo, para aquellos gobernadores que van a la reelección, y han vivido en carne propia lo que significa ejercer un cargo con pocas atribuciones, y como contrapartida, ven diariamente el poder de coordinación que muchos delegados presidenciales tienen y ejercen en el territorio. Al momento en que se realice esta elección, en octubre de 2024, quedarán menos de 18 meses para el término del gobierno del presidente Gabriel Boric. De no haber anuncios en esta materia, será difícil para algunos candidatos oficialistas, abordar de una manera amigable esta promesa aún no cumplida. Por su parte, será un flanco fácil para candidatos a gobernador regional de oposición al gobierno nacional, vincular este tema con la futura elección presidencial del año 2025.
Pero, por otra parte, tampoco será fácil para candidatos (as), del signo que sea, quedarse fuera de las inauguraciones que haga el gobierno nacional en regiones, de caminos, postas, hospitales, viviendas, las que, siendo financiadas con recursos nacionales, generan una alta adhesión en la ciudadanía y muy pocos incentivos para “quedarse fuera de la foto”.
Finalmente, el desafío global para esta elección de autoridades territoriales será convocar a un porcentaje importante de electores a participar, para otorgarle legitimidad a quienes resulten electos. Especialmente con la elección de gobernadores regionales, dado que, en la elección del año 2021, en 13 gobiernos regionales se tuvo que ir a segunda vuelta, y en promedio en esa ocasión la participación electoral no superó el 25%. Si hacemos un ejercicio rápido, llegamos a la conclusión de que muchos gobernadores del país, en la elección pasada, resultaron electos con no más del 13% de apoyo del padrón electoral.
El desafío ahora es mayor, fundamentalmente para darle visibilidad al cargo, y lograr mayor adhesión de la ciudadanía, para que de paso se fortalezca la necesidad de avanzar y profundizar el proceso de descentralización del país.
