Por Juan Guerra Hollstein
Seremi de Gobierno Los Ríos
En Chile, la política es el reflejo de la sociedad, y los líderes deben ser los primeros en demostrar un compromiso ético y responsable con la ciudadanía. La reciente decisión del Servicio Electoral (Servel) de excluir a candidatos con deudas en pensiones de alimentos de las elecciones regionales y municipales de 2024 es un paso significativo hacia la transparencia y la justicia social en el país.
Esta medida, que ha dejado fuera de la carrera electoral a decenas de aspirantes de todos los colores políticos, envía un mensaje claro: quienes no cumplen con sus obligaciones básicas hacia sus hijos no están en condiciones de representar a la ciudadanía. No se trata solo de una cuestión legal, sino de un tema moral fundamental. ¿Cómo puede alguien aspirar a un cargo público si no es capaz de cumplir con sus deberes más básicos como padre o madre?
El impacto de esta resolución ha sido profundo y generalizado. En regiones como Valparaíso, Antofagasta, Araucanía y Los Lagos, se han rechazado candidaturas a alcaldes, concejales y consejeros regionales debido a que los postulantes aparecían en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esta lista negra, que ahora es un filtro obligatorio para las candidaturas, refleja un problema que trasciende ideologías políticas y que afecta a todos por igual.
En nuestra región, tres son los candidatos que figuraban este sábado con sus candidaturas rechazadas por el Servel por estar en el registro de deudores de pensiones. Se trata de un candidato a concejal por la comuna de Futrono, que postula por un cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI). El segundo, en la comuna de Lago Ranco, postulaba al mismo cargo por las filas del Partido Republicanos. Un tercero, en Corral, lo hacía por Chile Vamos.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó en una reciente entrevista que desde mayo de 2023, un 25% de los deudores han regularizado su situación, lo que muestra que cuando se trata de perder poder, muchos encuentran los medios para cumplir con sus obligaciones. Este dato no solo revela la importancia de la medida, sino que también subraya la necesidad de mantener y fortalecer estos mecanismos de control.
La exclusión de los deudores de pensiones de alimentos de la arena política es un avance necesario. En un país donde la confianza en las instituciones y en los líderes políticos está tan debilitada, estas acciones son fundamentales para recuperar la fe en la democracia y en quienes nos representan. Los Partidos Políticos deben estar a la altura moral que la ciudadanía exige. La política debe ser un espacio de ejemplo y liderazgo, y quienes incumplen con sus deberes parentales han demostrado no estar a la altura de esta responsabilidad.
Es imperativo que esta medida se mantenga y se fortalezca, para que en el futuro, aquellos que aspiren a cargos de elección popular entiendan que cumplir con sus obligaciones familiares no es opcional, sino un requisito básico para servir a la comunidad. Chile necesita líderes que demuestren con hechos, no solo con palabras, su compromiso con la sociedad.
Es crucial entender que esta medida no es una persecución política, sino una cuestión de justicia social y de derechos de la infancia. Los niños y niñas afectados por la falta de pago de pensiones alimenticias no deberían ser los más perjudicados en un país que aspira a ser justo e inclusivo. Al excluir a estos candidatos, Chile da un paso adelante en la construcción de una sociedad más responsable y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.
