Por Ramón Rubio Donoso
Rector del CFT estatal de Los Ríos
La crisis de confianza que vive nuestra sociedad es un hecho público y notorio, tras el denominado “Estallido social”, dos fallidos intentos de constitución y el destape del denominado “Caso fundaciones”, ahora se suma el escándalo del ”Caso Hermosilla”, que atraviesa toda la esfera política y los tres poderes del estado, cuyas consecuencias aún siquiera nos imaginamos. Para Brunner “Es una paradoja de las sociedades democráticas que, llegado cierto momento crítico comienzan a destruir confianza (un valor público) más rápido de lo que la sociedad y su esfera política puede crearla”.
Según una Microsystem, consultora contratada por el ministerio de hacienda el año 2015, estimó en cerca de US$ 1.000 millones al año el gasto “en papeleo”, determinando que entre el 30% y 50% del tiempo de los funcionarios se destina a procesar documentos. Es probable que esa realidad no diste mucho de lo que hoy se vive, pues “la cultura burocrática” instalada en los servicios públicos, junto con la resistencia de instituciones conservadoras, obliga a la creación de procesos y contratación de personas que, trabajan más para la fiscalización que para los usuarios y su satisfacción.
En este contexto es urgente, para el Estado en su conjunto, recuperar la confianza y legitimidad de su accionar, generando una nueva relación entre el Estado y las personas, para lo cual se propone como la solución profunda y permanente su “Agenda de Modernización”. Así esta agenda se propone, como una tarea permanente, avanzar hacia la generación de un Estado moderno y democrático, que bajo una coordinación centralizada incorpora en colaboración a una diversidad de actores para la promover la modernización, transformación e innovación orientada a la generación de valor público.
La agenda de modernización del estado 2022-2026 está asociada al ciclo presidencial y se diferencia sustancialmente, a nivel de principios e iniciativas, con la agenda 2018-2022 correspondiente al ciclo presidencial pasado. Sin entrar en comparaciones y evaluaciones inoficiosas a estas alturas, es una señal de poca esperanza, que en su origen “La agenda”, haya sido contagiada por el “virus” que ataca a las orientaciones estratégicas del estado, el “presidencialismo y sus ciclos electorales”, que impide que las políticas de estado sean acuerdos de largo plazo. Sin perjuicio de lo anterior, se valora la existencia de una agenda y su conjunto de iniciativas que en este ciclo se focalizan en: Personas en el Estado; Servicios ciudadanos y experiencia usuaria; Descentralización; Transformación Digital; Transparencia e integridad pública; Mejor gasto público.
Entre las iniciativas de la agenda 2022-2026, desde la perspectiva de las regiones, destacan aquellas que apuntan a fortalecer las capacidades y competencias de los gobiernos regionales y locales, y de forma indirecta, las relacionadas con los servicios ciudadanos y experiencia usuaria, que buscan mejorar la entrega de servicios a la ciudadanía; eficientes, de calidad, accesibles, oportunos y con foco en la experiencia usuaria de las personas, lo que inherentemente se traduce también en descentralización, pues prestar una atención centrada en el usuario implica necesariamente otorgar competencias y capacidades para que los funcionarios del “Front office”, puedan resolver con autonomía.
Si conjugamos la necesidad de aumentar la confianza e incrementar el valor de lo público, con fortalecer la satisfacción de usuario con programas que respondan adecuada oportuna y eficazmente a las necesidades de las comunidades, en un marco de transparencia y productividad, es difícil pensar que sea posible sólo en un ciclo presidencial y bajo la responsabilidad exclusiva del ejecutivo, pues la tarea de modernización de un estado es titánica y demandará probablemente mucho más de 4 años para que no sea un cambio cosmético o simplemente la implementación “a fuerza”, de algunos softwares y plataformas.
Actualmente una institución pública de educación superior (Universidades o Centros de Formación técnica), debe reportar al menos a 4 instituciones del estado distintas mensualmente, prácticamente la misma información, pero en formatos distintos y en muchos casos obligatoriamente en papel. A la Contraloría General de la Republica debe informárseles (y en muchas ocasiones solicitar pronunciamiento preventivo de legalidad) de todas las contrataciones tanto de honorarios como de planta o contrata, vía SIAPER, información que también debe reportarse a la Dirección de presupuesto, al consejo para la transparencia y dependiendo de la los recursos utilizados para su pago, al Ministerio de Educación, en este caso 100% en papel. Esta situación se repite en la presentación de información financiera, donde debemos agregar al Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación Superior.
La modernización del estado puede transformarse en el derrotero que logre encausar el rol, un tanto perdido a estas alturas, de cierta clase política, aunando miradas con perspectivas de largo plazo, más allá de los ciclos políticos y que no sólo considere los servicios públicos centralizados dependientes del presidente de la república, sino que integre a los demás poderes y de manera prioritaria a los organismos de control, muy importantes en su rol de garantes de la confianza pública, pero que demandan en forma urgente de profundas transformaciones y modernizaciones para hacer que los principios básicos de control se cumplan, especialmente aquellos referidos a la eficiencia y eficacia del del control.
