Pérez Debelli destacó que la movilización incluye a diversos sectores de la administración pública, como profesores, trabajadores municipales, de salud y del aparato estatal central. “Queremos que el Gobierno cumpla con su promesa de implementar la reducción de jornada laboral para todos los trabajadores del Estado, un compromiso que sigue pendiente”, señaló.
Otro punto crítico es el reciente dictamen de la Contraloría General, el cual, según Pérez Debelli, limita los derechos de los funcionarios en condición de contrata, quienes representan una parte significativa de la fuerza laboral pública. “Nos cerraron las puertas para recurrir cuando somos despedidos arbitrariamente. Este retroceso atenta contra el empleo y la confianza legítima”, enfatizó.
El líder gremial subrayó que las condiciones laborales precarias también afectan a la ciudadanía. “Cuando nos restringen presupuesto y dotación, se limita nuestra capacidad para atender las necesidades del país”, dijo. Asimismo, recordó que este tipo de negociaciones beneficia incluso a trabajadores del sector privado, pues muchas empresas utilizan el reajuste público como referencia salarial.
En cuanto a las conversaciones con el Gobierno, Pérez Debelli señaló que estas se iniciaron el 22 de noviembre con la participación de ministros y equipos técnicos. Sin embargo, reconoció que existen “distancias” en el plano económico. “Sabemos que hay crisis y déficit estructural, pero no podemos asumir ese costo los trabajadores ni la ciudadanía”, afirmó.
El paro incluirá concentraciones en las principales ciudades y una marcha central en Santiago, junto a puntos de prensa en todo el país. Si bien las urgencias de salud y otros servicios críticos se mantendrán operativos, la movilización implica la suspensión de actividades generales. “Queremos demostrar que nuestras demandas no solo son justas, sino que también buscan fortalecer un Estado más cercano y eficiente para todos”, concluyó Pérez Debelli.
