A través de una Declaración Pública dada a conocer recientemente, el gremio señala su “abierta preocupación de cara al inminente traspaso al Servicio Local de Educación”, agregando que en las conversaciones sostenidas en 2024 con el Director Ejecutivo del SLEP Valdivia, se enfatizó que “no habría sustantivamente cambios de personal o de cargas horarias para el 2025”.
En la misma línea, advierten que el traspaso de la educación municipalizada al SLEP “en caso alguno debe implicar que se vulneren derechos de los docentes en atención a disminuir sus cargas horarias o no continuación de desempeño laboral”, por lo que hacen un llamado a confirmar “las cargas horarias 2025 tal como el año escolar 2024 y no modificarse bajo proyecto alguno”.
Durante diciembre de 2024, dirigentes del Colegio de Profesores presentaron un petitorio al Director Ejecutivo del SLEP, en el que solicitaron “mantener las cargas horarias presentadas al 2024, incluyendo la renovación de contratos de los profesores a contrata, en especial las 2023 y 2024”. En este sentido, el gremio afirma que se encuentra “alertas, firmes y organizados en la protección de nuestros derechos en el traspaso al Servicio Local de Valdivia”.
El documento subraya además que “todo cambio de las relaciones contractuales con las y los trabajadores de la educación debe aparecer en el Plan Anual que entrará en vigor en el 2026. Antes no se justifica cambio alguno, pues el financiamiento del SLEP es por presupuesto y no exclusivamente con miras economicistas”.
Consultada por esta situación, Ligia Gallego Ríos, Directora Nacional del Gremio del Colegio de Profesores de Chile, señaló que “la transición de los establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública ha evidenciado diversos inconvenientes, especialmente en materia de salarios, asignación de horas y deudas previsionales”, subrayó.
Según la dirigente, “estas dificultades derivan de las cuantiosas deudas que los municipios mantienen con el profesorado”, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades adopten soluciones concretas para quienes resultan perjudicados por estos procesos administrativos.
Asimismo, Gallego manifestó su preocupación respecto al proyecto de ley sobre la deuda histórica de los docentes: “Estamos a la espera de que el proyecto de ley que está en el Parlamento entregue soluciones definitivas a estas situaciones. De lo contrario, podríamos enfrentar dramas similares a los vividos en Atacama”.
Finalmente, la Declaración Pública concluye con un llamado a la autoridad para que la Nueva Educación Pública sea “una oportunidad de consolidación y no de menoscabo”, firmando “POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS DERECHOS DE SUS TRABAJADORES” y con las rúbricas de la directiva regional y los dirigentes comunales de la provincia de Valdivia.
