A través del documento, la comunidad exige que se ponga fin a los actos de violencia y se respete su territorio ancestral, luego de un operativo policial ocurrido el pasado 18 de diciembre.
De acuerdo con la versión de los firmantes, en la madrugada del viernes 3 de enero, cinco viviendas de la familia Jaramillo Millagual fueron allanadas por la Policía de Investigaciones (PDI) “sin que se presentara una orden judicial”, en lo que consideran un acto de amedrentamiento. El procedimiento, se habría llevado a cabo mientras sus habitantes dormían, afectando a “niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, y denunciando incluso el uso de armas de fuego que “pudo haber generado consecuencias fatales”.
El Lof Winkul Kusra vincula este operativo a su reivindicación del fundo Santa Herminia, “territorio ancestral actualmente administrado por la empresa forestal Hancock”. La comunidad asegura que la inscripción del predio, en su momento a nombre de colonos alemanes, fue fraudulenta y que posteriormente el terreno pasó a manos de empresas forestales. Esta denuncia está respaldada en un estudio antropológico de Martín Correa e Iván Ponce, que servirá de base para el reclamo presentado ante la CONADI bajo el artículo 20 letra B de la Ley Indígena Nº 19.253.
En la carta entregada al Gobierno, la comunidad destaca que “siempre han estado dispuestos al diálogo”, refiriendo a múltiples reuniones con autoridades locales y nacionales, entre ellas la CONADI, la SEREMI de Desarrollo Social y la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Sin embargo, lamentan la ausencia de “avances concretos” y denuncian la destrucción de “elementos sagrados en el territorio, incluido el kultrún y otros objetos pertenecientes a la autoridad ancestral Machi Cristóbal Tremigual, quien también habría sido víctima de violencia” durante el operativo.
Asimismo, en la misiva exigen la “intervención directa del Presidente Boric para detener la violencia hacia la comunidad, garantizar la restitución de su territorio ancestral y resolver el conflicto de manera pacífica”. Añaden también la petición de “la salida de la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef”, señalando que “no está a la altura de las circunstancias ni facilita un diálogo efectivo”.
