La presentación fue liderada por el director del SII, Javier Etcheberry, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quienes enfatizaron que estos documentos deben reservarse para compras vinculadas directamente al giro o actividad económica del comprador, siendo el uso personal o familiar motivo de emisión de una boleta de venta y servicios en vez de una factura.
Según la nueva normativa, las personas que deseen obtener factura en supermercados y restaurantes deberán presentar su Cédula RUT Electrónica (e-RUT), acompañada de la cédula de identidad, e indicar claramente el motivo de la compra para que quede reflejado en el detalle de la factura. De este modo, el SII busca garantizar que las facturas solo se emitan cuando correspondan a adquisiciones que generen derecho a crédito fiscal. Para ello, los establecimientos estarán obligados a exhibir carteles informativos y a adoptar controles internos que impidan la entrega de facturas a consumidores finales en bienes o servicios de carácter personal.
La medida conlleva restricciones específicas. Por ejemplo, los supermercados con más de diez cajas solo podrán destinar el 10% de ellas para emitir facturas (o una única caja en caso de tener menos de diez), mientras que los restaurantes deben comprobar que la comida sea adquirida en nombre y para los fines de un contribuyente autorizado, imposibilitando su uso en celebraciones personales o familiares.
El incumplimiento de estas disposiciones acarreará sanciones tanto para los establecimientos como para los compradores. En el caso de un mal uso o la emisión errónea de facturas, los supermercados y restaurantes podrían enfrentar multas que van desde el 50% hasta el 500% del monto de la operación, clausuras de hasta 20 días e incluso sanciones adicionales para quienes omitan las nuevas obligaciones de control interno. Por su parte, los contribuyentes que exijan indebidamente una factura se exponen a multas de hasta veinte unidades tributarias mensuales (UTM).
Con esta iniciativa, el SII y el Ministerio de Hacienda apuntan a reforzar la cultura tributaria en todos los segmentos de la población, promoviendo la transparencia y la responsabilidad fiscal como pilares fundamentales del desarrollo económico del país.
