El traspaso de la administración de la educación desde las municipalidades al Estado, a través de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), dejó al descubierto una deuda de 127 millones de pesos en el municipio de Paillaco.
A partir del 1 de enero del 2025, las municipalidades de la provincia de Valdivia dejaron de administrar la educación, pasando a manos del Estado a través de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En este contexto, la Municipalidad de Paillaco debe cancelar el 15 de enero el finiquito a 22 exfuncionarios del DAEM, monto que en su conjunto asciende a 127 millones de pesos, los que estarían consignados en el Presupuesto 2025, sin embargo, a la fecha no se encuentran disponibles en las arcas municipales.
El alcalde Navarrete apuntó a la gestión anterior, señalando que “la deuda debe ser cancelada el 15 de enero” y cuestionando que el exjefe comunal no priorizara los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones.
Según Navarrete, “a finales del 2023 se sabía que se tenían que dejar fondos para pagar los finiquitos”, añadiendo que, como concejal en ese período, insistió en aclarar la situación sin obtener respuestas.
Por su parte, Miguel Ángel Carrasco respondió a las críticas a través de un comunicado público, afirmando que “en el presupuesto 2025 hay contemplados 145 millones de pesos para el pago de las indemnizaciones de los exfuncionarios del Departamento de Educación Municipal de Paillaco, 18 millones de pesos más de los que se necesitan actualmente”. Además, aseguró que se dejaron otros 150 millones para la absorción de los funcionarios del DAEM y que, en noviembre de 2024, cumplió con su responsabilidad legal al incluir los fondos en el presupuesto 2025.
Carrasco también instó al actual alcalde a tomar medidas para enfrentar la situación, como “suspender las nuevas contrataciones, restringir los gastos y cobrar los cerca de 300 millones de pesos en áridos que se le adeudan a la Municipalidad”. Además, aclaró que otras comunas como Valdivia, Los Lagos, Panguipulli y Máfil enfrentan problemas similares por la transición hacia los SLEP.
Mientras las acusaciones entre ambas administraciones persisten, la incertidumbre sobre el pago de los finiquitos afecta a los exfuncionarios del DAEM, quienes esperan una pronta solución al conflicto.
