Este proyecto, financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un monto total de $1.565.747.116, ha sido objeto de una exhaustiva auditoría debido a la denuncia presentada por el exconcejal Javier Rosas.
El objetivo de la auditoría fue determinar si la ejecución de dicho contrato se ajustó a las disposiciones legales vigentes y si los recursos públicos fueron utilizados de manera adecuada, conforme al avance físico de la obra. Entre las principales observaciones, el informe señala que “la oferta neta del contratista, descontada la mano de obra, fue de $669.641.000, mientras que los gastos efectivos ascendieron a $557.989.946, un 16,67% por debajo de la oferta presentada”. Este hallazgo refleja desajustes significativos entre los montos licitados y el gasto real, lo que la Contraloría califica como una situación que pone en riesgo el resguardo del patrimonio público.
El informe también advierte una serie de deficiencias graves en los controles internos del municipio. Entre ellas, se destaca la falta de documentos que respalden las obligaciones laborales del contratista. Al respecto, la Contraloría señala: “evidencia que ese municipio no realiza controles sobre los documentos que son remitidos en virtud de los convenios suscritos con el GORE de Los Ríos”. Esta omisión genera el riesgo de aprobar estados de pago que carecen de suficiente respaldo. Además, la ausencia de un reglamento para prevenir conflictos de interés en las contrataciones fue severamente cuestionada, ya que esto expone al municipio a situaciones de posible nepotismo o corrupción.
La Contraloría también identificó irregularidades en la adjudicación del contrato. Durante el proceso de licitación, se excluyó de manera indebida una oferta válida y se adjudicó la obra a una empresa cuya propuesta superaba el presupuesto estimado en más del 50%, sin presentar justificaciones técnicas ni económicas claras. Sobre este punto, el informe establece: “la entidad edilicia no se ajustó a derecho al excluir indebidamente una oferta válida en la etapa de admisión, otorgando un puntaje técnico mayor al que correspondía a la única oferta restante”. Esta situación vulnera los principios de libre competencia y transparencia que deben regir los procesos licitatorios.
Otro aspecto preocupante es el uso de materiales que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. El informe detalla que el manto Pyramat 25, uno de los materiales clave en la obra, provenía de una planta cuya certificación ISO había expirado. Además, se detectaron inconsistencias en la calidad de las mallas galvanizadas utilizadas. La Contraloría subraya que “no se aportaron antecedentes que acrediten el cumplimiento de las exigencias dispuestas en las especificaciones técnicas previamente detalladas”, lo que podría comprometer la seguridad y durabilidad de la obra.
La gestión financiera también fue objeto de críticas severas. Se encontraron discrepancias significativas entre la programación financiera presentada por el contratista y los montos finalmente facturados. En este contexto, la Contraloría indica: “la unidad financiera, es decir, el GORE de Los Ríos, no contó con información oportuna que le permitiera asegurar la debida disponibilidad presupuestaria para dar cobertura a las facturas emitidas”. Asimismo, se observó que la Municipalidad no aplicó multas al contratista por retrasos en el inicio de las obras, una omisión que el organismo fiscalizador calificó como contraria a los principios de responsabilidad y control.
Un capítulo aparte lo ocupa la responsabilidad de la exalcaldesa Carolina Silva y su equipo directivo de confianza. La Contraloría apunta que, como representante legal de la Municipalidad, la alcaldesa tenía la obligación de supervisar la correcta ejecución de los contratos y asegurar que los recursos se gestionaran conforme a la normativa vigente. El informe señala que la falta de control jerárquico y la ausencia de reglamentos internos reflejan una gestión negligente. Además, su firma en los decretos de adjudicación la involucra directamente en las irregularidades detectadas. Por su parte, los directores de Obras Municipales y SECPLAN también son señalados por no haber implementado controles adecuados, especialmente en la supervisión del Inspector Técnico de Obras y en la actualización de los sistemas de información.
La gravedad de los hallazgos ha llevado a la Contraloría a remitir el informe a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Los Ríos para que investigue posibles delitos, como fraude al fisco o corrupción. Además, se ha solicitado la apertura de investigaciones sumarias para determinar responsabilidades administrativas. En palabras del informe: “ese servicio deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos expuestos”.
En conclusión, el Informe N° 507-2024 de la Contraloría revela un panorama preocupante en la gestión municipal de Río Bueno durante la administración de la exalcaldesa Carolina Silva, donde fallas en el control interno, adjudicaciones cuestionables y una supervisión ineficaz han puesto en riesgo el correcto uso de recursos públicos. La comunidad, que había depositado su confianza en este proyecto de gran impacto social, ahora enfrenta la incertidumbre sobre las consecuencias legales y administrativas que esta situación podría desencadenar.
Finalmente, es importante señalar que el informe de auditoría tiene fecha de septiembre del año 2024, sin embargo fue remitido vía oficio al exconcejal Javier Rosas este 23 de enero de 2025.
Revisa el informe completo a continuación:
