Sandoval enfatizó que esta decisión no solo vulnera la confianza legítima de los trabajadores, sino que también contraviene dictámenes emitidos por la Contraloría. La situación es alarmante, ya que se estima que la medida resultará en la interrupción de aproximadamente 2,000 prestaciones mensuales de salud en el sector rural de Paillaco, lo que compromete gravemente el acceso a atención médica en una zona que ya enfrenta desafíos en términos de recursos y servicios de salud.
Este viernes, en Itropulli, se llevó a cabo una reunión a la que asistieron 60 personas, quienes demostraron su repudio a las medidas implementadas por el alcalde Cristian Navarrete. “El alcalde Cristian Navarrete nos prometió que los profesionales de salud se iban a mantener; le pregunté tres veces y me aseguró que el profesional que nos enseñó la boccia se mantendría y nos mintió”, agregó una adulta mayor del sector.
Los dirigentes han instado a las autoridades a reconsiderar esta decisión y a garantizar la continuidad de los servicios de salud para la población, especialmente en áreas vulnerables que dependen de estos profesionales para recibir atención adecuada. La comunidad se encuentra a la espera de una respuesta que asegure la protección de los derechos laborales y la continuidad de la atención médica en la región.
