Según información de Carabineros, el operativo fue ejecutado en cumplimiento de una orden judicial basada en una resolución emitida en julio del año pasado. En el lugar, receptores judiciales llevaron a cabo el retiro de cercos con maquinaria pesada, mientras que Carabineros estuvo presente para garantizar el cumplimiento del procedimiento en caso de incidentes. “El procedimiento se realizó en apoyo de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, basada en una resolución de julio del año pasado, donde receptores judiciales retiraron unas cercas en Rapaco con maquinaria pesada”, informaron desde la institución.
Si bien no se registraron hechos de violencia, la presencia de equipamiento de las Fuerzas Especiales, incluyendo una tanqueta, generó preocupación entre los miembros del lof Lleufu Antri, quienes consideran que la medida es injusta. Según indicaron, la orden se basa en una causa por usurpación de terrenos, pero sostienen que la comunidad ha habitado esas tierras ancestralmente.
Ante este escenario, dirigentes del lof Lleufu Antri evalúan presentar un recurso de amparo, argumentando que la acción judicial fue un acto intimidatorio y que sus derechos territoriales deben ser reconocidos. Mientras el caso sigue su curso en tribunales, la comunidad continúa buscando instancias legales para defender su permanencia en el territorio.
La versión de las comunidades
A través de un comunicado público, la comunidad Newenche lof Rapako y la Alianza Territorial Daglipulli manifestaron su rechazo al procedimiento, señalando que el ingreso del contingente policial “fue un intento de desalojo de las familias que conforman la comunidad, destruyendo cercados que no eran parte de ninguna toma ni ocupación violenta, sino que delimitaban sitios de significación cultural”, los cuales incluyen espacios de extracción de plantas medicinales, áreas de pesca recreativa y una cancha comunitaria.
Asimismo, denunciaron actos de amedrentamiento por parte del personal policial, indicando que “se les exigió la firma de un documento sin permitirles leerlo ni entenderlo previamente, aprovechándose de la vulnerabilidad de una mujer que estaba sola con su bebé de un año y su hija de nueve años”. Además, destacaron que la comunidad lleva adelante un proceso de reivindicación de los terrenos a través de CONADI y aseguraron que continuarán defendiendo su territorio frente a cualquier intento de desalojo.
Revisa el comunicado a continuación:
