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La acción responde a una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible instalación de una piscicultura sin los permisos ambientales necesarios, desencadenando una exhaustiva revisión por parte de las autoridades.
La fiscalización, llevada a cabo en los últimos días, tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la empresa Salmones Antártica, titular del proyecto. Eduardo Rodríguez, jefe regional de la SMA, explicó que “se abrió una investigación para asegurar que la empresa cuente con todos los permisos ambientales correspondientes”. Rodríguez destacó que los resultados de este proceso serán comunicados públicamente una vez concluido, subrayando el compromiso de la institución con la protección de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad.
El proyecto, que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente desde 2008, ha enfrentado el rechazo de vecinos y agrupaciones locales, quienes temen que la piscicultura afecte el ecosistema del río San Pedro. Organizaciones como el movimiento “Río San Pedro Sin Salmoneras” han intensificado sus esfuerzos, sumando el apoyo jurídico de la ONG Defensoría Ambiental para buscar alternativas legales que frenen la iniciativa o exijan una reevaluación de su impacto ambiental.
La intervención de la SMA y la DGA se enmarca en un creciente escrutinio sobre proyectos acuícolas en la región, donde la preservación de los recursos hídricos y el equilibrio ambiental son prioridades. Mientras los organismos públicos avanzan en la investigación, el caso pone en relieve la importancia de la participación ciudadana y la fiscalización estatal para garantizar un desarrollo sostenible.
