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La polémica surgió a raíz de la intención del gobierno de adquirir la residencia ubicada en la calle Guardia Vieja, propiedad de la familia Allende, con el objetivo de convertirla en un museo en honor al exmandatario. Sin embargo, el proceso enfrentó críticas debido a que entre los herederos de la propiedad se encuentran la propia Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, lo que podría contravenir disposiciones legales que impiden a autoridades celebrar contratos con el Estado.
Además, se reveló que durante las negociaciones el precio del inmueble aumentó en casi $100 millones, pasando de $828 millones a $922 millones en un corto período, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La renuncia de Fernández se produce en un contexto donde la oposición preparaba una acusación constitucional en su contra por su participación en la fallida transacción. Con su dimisión, la ahora exministra busca evitar que la controversia afecte el funcionamiento del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
El Presidente Boric ha aceptado la renuncia y se espera que en las próximas horas se anuncie a la persona que asumirá la cartera de Defensa. Mientras tanto, el gobierno ha reconocido errores en el manejo de la situación y se ha comprometido a revisar los procedimientos para futuras adquisiciones de inmuebles con valor patrimonial.
