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“Este trágico hecho pone en evidencia la creciente vulnerabilidad de los sectores rurales frente a la expansión del crimen organizado. La lejanía de estaciones policiales y la segmentación en la atención de casos, por parte de las fiscalías comunales, dificultan la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia. Es fundamental no descuidar estas zonas y fortalecer su seguridad”, indica el gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz.
El ejecutivo agrega que, “desde el ámbito legislativo, se hace un llamado a que la tramitación de la Ley Antiabigeato, incorpore la protección de insumos y maquinarias agrícolas, elementos esenciales para la subsistencia de muchas familias y empresas del sector rural. La seguridad de estos territorios debe ser una prioridad para las autoridades, para garantizar la esquiva paz y el desarrollo de quienes viven y trabajan en éstos. Por último, como organización, lamentamos profundamente lo sucedido, y esperamos el máximo rigor de la ley, para que quienes cometieron este cruel hecho, paguen por el daño ocasionado”.
