Esta regulación busca fomentar la innovación, la transparencia y la competitividad en el sector financiero, pero también plantea desafíos para las startups tecnológicas, que deberán adaptarse a un marco normativo más estructurado.
A más de un año de su implementación, la Ley 21.521, conocida como Ley Fintech, entra en una fase decisiva. El pasado 3 de febrero marcó un hito para la industria Fintech en Chile, con el vencimiento del plazo para que las empresas del sector se inscriban en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Uno de los sectores más impactados por la Ley 21.521 es el de las criptomonedas y los criptoactivos, que hasta ahora operaban en un vacío legal. Con la nueva normativa, los proveedores de servicios de criptoactivos deben inscribirse en la CMF y cumplir con exigencias similares a las de otras entidades financieras reguladas.
Mayor regulación, pero también más legitimidad
Según la propia Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Ley Fintech busca integrar las criptomonedas al ecosistema financiero, exigiendo transparencia en sus operaciones y estableciendo requisitos para su funcionamiento, tales como:
- Inscripción obligatoria en la CMF para exchanges y empresas que ofrezcan servicios con criptoactivos.
- Normas de seguridad y prevención de delitos financieros, incluyendo lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Obligación de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estas medidas buscan reducir riesgos y dar mayor confianza a los inversionistas y usuarios. Sin embargo, también implican mayores costos de cumplimiento para los exchanges y startups cripto, lo que podría afectar a empresas más pequeñas o dificultar la entrada de nuevos actores al mercado.
El dilema de la relación con la banca
Otro punto clave es la relación entre el sector cripto y la banca tradicional. En los últimos años, exchanges de criptomonedas han enfrentado dificultades para operar con bancos en Chile.
Con la Ley Fintech, las empresas cripto pueden exigir acceso al sistema bancario en igualdad de condiciones, lo que podría reducir la incertidumbre legal en torno a su operatividad. No obstante, aún queda por verse si la normativa será suficiente para cambiar la postura de los bancos tradicionales frente a estos activos.
Tributación y obligaciones fiscales
Desde el punto de vista tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya considera a las criptomonedas como activos digitales, sujetando sus ganancias al Impuesto a la Renta, aunque exentas de IVA. La Ley Fintech refuerza esta clasificación y formaliza aún más su regulación, lo que significa que:
- Las operaciones con criptoactivos estarán bajo un mayor control fiscal.
- Los exchanges deberán informar sobre ciertas transacciones de sus usuarios.
- Se reducirá la opacidad en el comercio de criptoactivos, favoreciendo la trazabilidad.
Si bien esto fortalece la seguridad jurídica del sector, también podría incrementar la carga tributaria para los inversionistas y empresas del rubro.
