El recién creado Ministerio de Seguridad Pública en Chile, cuya ley fue promulgada el 27 de enero de 2025 por el presidente Gabriel Boric, asumirá funciones clave en seguridad y orden público, las que hasta ahora estaban bajo el alero del Ministerio del Interior. Entre sus principales responsabilidades estarán la prevención del delito, el combate al crimen organizado y la coordinación con organismos como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
La implementación del ministerio se iniciará oficialmente el 1 de abril de 2025, lo que contempla la incorporación de 120 nuevos funcionarios y el traspaso de alrededor de 700 trabajadores desde el Ministerio del Interior. También se instalarán 16 Secretarías Regionales Ministeriales que deberán coordinar las políticas de seguridad en cada región del país.
En este contexto, comienza a definirse quiénes serán los nombres encargados de liderar este nuevo engranaje institucional a nivel regional. En la Región de Los Ríos, la carrera por el cargo de seremi está en pleno desarrollo. Uno de los nombres que más resuena es el de Alejandro Reyes Catalán, actual delegado presidencial provincial del Ranco y militante del Partido Socialista.
Reyes cuenta con un perfil académico que incluye el título de abogado, y un Magíster en Seguridad Pública y diversos diplomados en materias relacionadas con la seguridad, la mediación familiar, la probidad y el derecho penal. Además, fue seremi de Justicia entre 2014 y 2018, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y ha trabajado en distintas instituciones públicas de la región, avalado por la cercanía con el senador Alfonso De Urresti.
No obstante, su postulación genera controversia. A pesar de su currículum, fuentes al interior del propio Gobierno y diversos actores locales señalan que su desempeño como encargado de la seguridad en la provincia del Ranco ha sido débil, especialmente en la comuna de La Unión, donde en los últimos meses la cantidad de delitos ha aumentado de manera considerable, como lo es la ola de robos que afectó al comercio entre enero y febrero de este año.
Por otro lado, su gestión se ha centrado más en apariciones públicas que en acciones concretas en terreno, lo que ha generado cuestionamientos sobre si su eventual nombramiento respondería a criterios técnicos o más bien a una lógica de cuoteo político.
Precisamente, esta es la materia que aún no se ha despejado: no se sabe si el gobierno optará por criterios técnicos y basados en la experiencia real, tal como lo ha señalado el propio Ejecutivo y, entre otros, el senador Iván Flores, o si, como ha sido habitual, primará el criterio de distribución política. Esto último genera dudas respecto de su aplicación en un ámbito tan delicado como la seguridad del país, especialmente en uno de sus momentos más críticos, con el avance del crimen organizado.
Al respecto el diputado Marcos Ilabaca ha sido enfático en señalar que“los futuros seremis deben ser profesionales con altos estándares técnicos y experiencia en la materia, evitando designaciones basadas en criterios políticos”.
Hasta ahora, el Gobierno no ha definido públicamente los requisitos específicos para ocupar los nuevos cargos ni ha anunciado fechas concretas para los nombramientos. Aun así, se espera que estas designaciones ocurran en paralelo con la puesta en marcha del ministerio.
