La Universidad Austral lidera el listado con $6 mil millones recibidos en el periodo, seguida por la Corporación de Desarrollo Productivo de la región ($5 mil millones), la Fundación de Desarrollo Educacional La Araucanía ($3 mil millones), Bomberos ($3 mil millones) y la Corporación de Patrimonio Cultural ($2 mil millones).
Según el informe, la auditoría fue iniciada “en atención a los acontecimientos suscitados a nivel nacional, durante el 2023, en torno a las transferencias otorgadas a fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro”.
Uno de los casos más llamativos involucra un proyecto de fortalecimiento de ferias costumbristas, al cual se asignaron $3 mil millones a una fundación vinculada a la Universidad de La Frontera. La Contraloría detectó que los recursos se aprobaron “sin tener claridad respecto a los alcances del proyecto ni quiénes serían sus beneficiarios”.
Asimismo, se constató que el GORE no gestionó oportunamente la obtención de rendiciones de cuentas ni la recuperación de fondos en 660 proyectos, cuyo financiamiento supera los $20 mil millones. En otros 89 proyectos financiados entre 2021 y 2023, tampoco se exigieron rendiciones ni restituciones, acumulando un monto superior a los $400 millones.
Al 31 de diciembre de 2023, 18 iniciativas mantenían saldos pendientes de rendición por cerca de $800 millones. Según el ente contralor, estos montos fueron regularizados en febrero y marzo de 2024, pero advirtió que se debe “llevar un registro oportuno de las rendiciones de cuentas”.
Otra observación relevante apunta a la falta de procedimientos para prevenir conflictos de interés. El informe señala que el GORE “carece de un manual o instructivo para detectar, prevenir y/o documentar conflicto de interés entre los funcionarios, los postulantes y ejecutores de los proyectos financiados”.
Desde el GORE de Los Ríos respondieron que las observaciones de Contraloría no implican que “los recursos estén perdidos, sino que se trata de iniciativas ya ejecutadas, cerradas técnicamente (recepcionadas) y rendidas por las entidades públicas y privadas (municipios, servicios públicos y organizaciones sociales), pero que no fueron rebajadas contablemente en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE)”.
Asimismo, aseguraron que “para subsanar estas rendiciones pendientes, pusimos en marcha una comisión especial de rendiciones en la División de Desarrollo Social, que permitió una rebaja sustancial de las rendiciones pendientes del año 2020, 2021 y 2022. Además, se encuentra en instalación implementación un software de trazabilidad interna para las iniciativas de inversión”.
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