Por Matías Fernández
Ex-Consejero Regional
En 2017 se creó la Ley 21.040, que dio paso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), reemplazando a las municipalidades como sostenedoras de la educación pública. Esta reforma buscó dejar atrás un sistema que profundizaba las desigualdades y condicionaba la calidad de la educación al presupuesto de cada comuna.
Sin embargo, la reciente implementación del SLEP Valdivia ha generado una profunda preocupación en las comunidades educativas de Valdivia, Lanco, Panguipulli, Máfil, Paillaco, Los Lagos, Mariquina y Corral. El inicio del año escolar ha estado marcado por falencias graves: falta de materiales, desorden administrativo, incertidumbre en la carga horaria y escasa articulación con los territorios.
A esto se suma un problema urgente: la falta de transporte escolar rural. En comunas como Corral, Máfil o sectores de Panguipulli, niñas y niños están quedando fuera de clases porque no tienen cómo llegar. En una región con alta ruralidad, caminos en mal estado y condiciones climáticas adversas, no garantizar transporte es simplemente condenar a la exclusión.
Por eso, el transporte escolar debe ser financiado de forma permanente a través de la Ley de Presupuestos. No puede seguir dependiendo de convenios inestables ni de gestiones de última hora.
Pero los problemas no son solo estructurales. Es necesario ser claros: la responsabilidad de la actual crisis recae en la conducción del SLEP Valdivia. No basta con señalar deficiencias generales. La falta de planificación, liderazgo y capacidad de respuesta institucional ha sido evidente. Y no se puede seguir esperando una solución sin asumir responsabilidades concretas.
Frente a este escenario, proponemos:
– Financiamiento permanente para transporte escolar rural en la Ley de Presupuestos.
– Un plan de contingencia inmediato del SLEP Valdivia para resolver problemas críticos.
– Canales de información claros y mesas de trabajo con participación activa de las comunidades educativas.
Además, urge que el Congreso avance con decisión en la tramitación del proyecto que modifica la Ley 21.040, que busca corregir las falencias del modelo, modernizar los SLEP y mejorar los mecanismos de financiamiento e infraestructura.
çEl Parlamento tiene hoy una responsabilidad directa en que esta política pública funcione. No se puede seguir defendiendo la educación pública solo desde el discurso, sin respaldo presupuestario, desconocimiento, ni voluntad legislativa.
Defender el modelo no significa callar lo que está mal. Al contrario: implica tener el coraje de corregir a tiempo y fortalecer lo que hoy aún está a medio camino. Porque la educación pública sigue siendo nuestra mejor esperanza. Y no podemos fallarle: Ni a ella, ni al estudiantado.
