Del total transferido, un 89,79% (equivalente a $88.136.120) se destinó a gastos de personal, incluyendo sueldos, honorarios y beneficios laborales para seis trabajadores a contrata y cinco integrantes del directorio de la fundación, entre ellos Marcia Tambutti, nieta del expresidente y presidenta del directorio. El resto de los fondos fue asignado a bienes y servicios, como operaciones y mantención de infraestructura.
A este monto se suman otros $197.298.248 entregados anteriormente durante la actual administración, totalizando más de $295 millones en aportes estatales recientes a la fundación.
El traspaso ha generado críticas desde la oposición, que cuestiona la oportunidad de esta asignación de recursos, especialmente considerando el contexto de investigaciones sobre convenios firmados entre organismos públicos y fundaciones privadas.
Cabe recordar que la Fundación Salvador Allende fue creada en 1990 por la familia del expresidente, con el objetivo de preservar su legado histórico y cultural. No obstante, su rol ha sido objeto de mayor escrutinio público tras la reciente destitución de la senadora Isabel Allende Bussi, quien fue sancionada por infringir la Constitución al intentar vender una propiedad familiar al Estado.
Este nuevo episodio revive el debate sobre los criterios con que el Estado asigna recursos a fundaciones, en un ambiente de creciente desconfianza ciudadana y demandas por mayor probidad en el uso de fondos públicos.
