Con el propósito de fomentar la reflexión y generar masa crítica en torno a esta temática, el senador Alfonso De Urresti, en colaboración con el Centro de Desarrollo Urbano y Sustentable (CEDEUS), han llevado a cabo una serie de conversatorios para abordar a los alcances de incorporar el Derecho a la Ciudad dentro del catálogo de derechos fundamentales. Estos encuentros han tratado diversas dimensiones como ciudad y medio ambiente, infraestructura, transporte, y vivienda.
Este ciclo de debates culminó con un enfoque en la seguridad, preocupación principal para la ciudadanía, y de especial relevancia ante la reciente creación del Ministerio de Seguridad. La actividad contó con la participación del ministro Luis Cordero, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Paulina Núñez (RN).
La propuesta se fundamenta en la creciente y acelerada urbanización a nivel global. Los antecedentes señalan que más de la mitad de la población mundial reside actualmente en ciudades, proyectándose un aumento al 70% para el año 2050. Escenario donde las metrópolis, centros neurálgicos de la economía mundial que generan el 60% del PIB global, enfrentan desafíos críticos derivados de este crecimiento. De ahí que la propuesta busca incluir explícitamente el Derecho a la Ciudad en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, como principio vertebrador para lograr una mayor sistematicidad entre las leyes que regulan estos derechos.
Para el senador De Urresti, impulsor de la iniciativa, “incorporar el derecho a la ciudad dentro del catálogo de derechos fundamentales es un paso necesario para elaborar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas”.
Claudio Orrego sostuvo que “la seguridad es una de las principales demandas ciudadanas, pero no se resuelve solo con más policías: requiere gestión urbana, integración social y planificación con mirada de ciudad. Como gobierno regional, tenemos la capacidad de ecualizar las distintas prioridades de las 52 comunas y articular esfuerzos públicos y privados. Por eso debates como este conversatorio son fundamentales: discutir el Derecho a la Ciudad es avanzar hacia una Constitución que permita construir ciudades más seguras, cohesionadas y con mejor calidad de vida para todos”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Luis Cordero señaló que “en materia de seguridad tenemos dos desafíos relevantes: reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía. Para eso se requieren estrategias policiales, persecución penal y, fundamentalmente, abordar aspectos esenciales de la calidad de vida de las personas, que las personas puedan vivir y transitar de manera segura y tranquila en el barrio y la ciudad. Eso significa intervenir de manera integral para reducir las oportunidades delictivas y la percepción de inseguridad, fortalecer la participación comunitaria y la recuperación y protección de los espacios públicos. Eso hace parte de un nuevo modelo de gestión en seguridad que es el mandato del Ministerio, con políticas basadas en evidencia y donde concurre el trabajo del conjunto de la sociedad, no sólo el Gobierno Central, también las policías, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los municipios y el sector privado”.
