Agrupados en cinco Corporaciones, los afectados en dictadura por violación de derechos humanos buscan reparación por parte del Estado, debido a los graves atropellos que vivieron y que están sancionados en la normativa internacional suscrita por Chile.
Un proceso de demandas contra el Estado por el crimen de desplazamiento forzado, ocurrido posterior al Golpe Militar de 1973, en la precordillera de la región de Los Ríos, específicamente en la ex empresa estatal COFOMAP, es que el que estarán llevando a cabo los afectados.
Esto debido a que los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno, instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación que replicaban los bandos y comunicados de las fuerzas armadas.
Son cinco corporaciones las que buscan justicia y reparación, a través de demandas al Estado, y lo han manifestado a través de una declaración pública, porque en la zona se desencadenaron una serie de asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial, proceso que está debidamente documentado en diferentes informes.
LA HISTORIA PASADA
El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores madereros y abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde vivieron cerca de 20 mil personas, según registros históricos de la época.
Las persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar adelante una vida normal, limitaciones para desplazarse, formas de explotación, en definitiva, constante asedio que se impuso, obligó a las personas a huir del sector y encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenerse vivas, en tanto, que otros debieron soportar el terror en el territorio hasta que fueron desalojadas y lanzadas a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.
Todo lo anterior constituye casos de desplazamiento forzado, considerados internacionalmente como crímenes de “lesa humanidad” que ejercen los Estados de excepción, materia sobre sobre la cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se les ha privado a las víctimas del derecho a la reparación que contempla este tipo de violaciones.
DEMANDA
En su demanda, las corporaciones integradas por las víctimas de ese proceso de violación sistemática de derechos humanos, exigen se reconozca el daño causado y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto para quienes sufrieron esos atropellos y otras víctimas de estas prácticas, para así sentar un procedente que impida que actos de ese nivel de atropellos se vuelva a vivir en el país.
El documento lleva la firma de la Corporación Entre Lagos y Montañas, de Puñir Releco; Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono; Corporación Raíces Ancestrales, de Enco; Corporación Raíces de Toledo y Corporación Pirihueico
