El 22 de septiembre de 2015, Elizabeth Mendoza (35) fue encarcelada injustamente tras ser detenida por Carabineros en la esquina del pasaje en que vivía cuando regresaba de su trabajo, al ser acusada de perpetrar un robo con intimidación en una botillería del sector Regional de Valdivia. Este motivo la llevó a demandar al Estado buscando la posibilidad de emprender una acción reparatoria civil en el que se reconozca el error por su caso.
La detención ocurrió justo cuando Mendoza junto a su compañero de trabajo, Luis Ojeda, se trasladaban en un taxi hacia su casa, siendo bajados del vehículo apuntados con armas por efectivos policiales y trasladados a la comisaría de avenida Francia, lugar donde sin saber la causa de su detención fueron alumbrados con una linterna para que la víctima del robo los reconociera.
Al respecto, Elizabeth recuerda que, en el calabozo de esa comisaría, casi a la madrugada se enteró del motivo de la detención y en la mañana los llevaron a ambos a una audiencia en el Tribunal de Garantía de Valdivia donde fueron formalizados por robo con intimidación y trasladados a la cárcel de Llancahue para ser internados por tres meses.
Sin embargo, antes de que se cumpliera dicho periodo, se realizó una audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por su defensa pública, instancia en que el tribunal cambia la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, cuya medida se extendió por casi un año más.
A fines del 2017, por insistencia de la defensora penal pública, Ximena Triviños, y cuando los verdaderos responsables del asalto ya habían sido formalizados, se logró por fin el sobreseimiento definitivo por inocencia que decretó para ambos la entonces jueza del Juzgado de Garantía de Valdivia, Alodia Prieto.
Demanda al Estado
Tras el error que el sistema de justicia penal cometió con Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda, es que el mismo año 2017 ingresaron al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, y a partir de un convenio de esa institución con la Fundación Pro Bono, se activó un proceso de reparación por las consecuencias de una persecución penal sin haber cometido los delitos imputados.
En ese contexto, el pasado 8 de octubre concluyó el juicio en el Primer Juzgado Civil de Valdivia en que los jóvenes acusados fueron representados por la abogada Bernardita Valdés para interponer una demanda por indemnización de perjuicios por daño.
“Como parte demandante pretendemos probar la falta de objetividad que tuvo la Fiscalía en su investigación y el daño que esa falta de servicio provocó. Tal como el Ministerio Público tiene que concentrar su energía y fuerza en perseguir la comisión de delitos para acreditar la participación de aquellos que podrían ser responsables, tiene la misma obligación de investigar con igual celo todos aquellos antecedentes que permitan acreditar la inocencia y descartar la participación de personas. Lo que se conoce como principio de objetividad”, argumentó la abogada.
Según Valdés, al inicio del caso hubo omisión de antecedentes que al menos generaban dudas respecto a que sus representados fueran partícipes del delito, además transcurrió un tiempo extenso en que Elizabeth y Luis debieron pasar por una restricción de libertad extrema como la prisión preventiva por casi tres meses y luego un arresto domiciliario nocturno por prácticamente un año, lo que ocasionó un daño irreparable en diversos aspectos de la vida de ambos.
Por su parte, Elizabeth Mendoza sostiene que “hasta el día de hoy esperamos una disculpa, que alguien reconozca que hubo un error”.
Proyecto Inocentes
“Lo de la puerta giratoria es un mito, en Chile existe un excesivo uso de la prisión preventiva”, sostiene el defensor regional de Los Ríos, Luis Soto, quien afirma que la Defensoría ha advertido reiteradamente que esta medida cautelar durante la investigación, no puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas en libertad o serán absueltas de todo cargo.
El abogado señaló que solo el año 2021 ingresaron a la Defensoría Penal Pública 310.723 causas y de ese total, a 15.321 personas se les decretó la prisión preventiva. “Tal como indicó el Defensor Nacional, Carlos Mora en su cuenta pública, si bien la cantidad disminuyó en un 16,4% en relación al 2020, nos preocupa que hasta mayo de este año habían 121 personas que llevan más de dos años privadas de libertad esperando juicio, tiempo que supera el límite legal. Entonces pareciera que no hemos superado el sistema antiguo, antes de la reforma procesal penal, lo que contraviene lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la privación de libertad debe ser absolutamente excepcional”, dijo.
En este sentido, opina que la continua revisión de las actuaciones de las instituciones intervinientes, legitima el sistema penal ante la ciudadanía. “En especial, frente a grupos en condiciones de precariedad social y de ingresos”, menciona.
Desde esa mirada crítica e inspirado en el Innocence Project de Estados Unidos, Soto comenta que surgió el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública el año 2012, iniciativa que busca reparar la honra social y superar el estigma que sufren las personas injustamente involucradas en estos casos, al contar con un lugar de reconocimiento permanente y público de su inocencia.
“Es la única iniciativa de este tipo en el país y se propone enmendar prácticas y errores para minimizar la posibilidad de que personas inocentes sean encarceladas y el daño que significa ser apuntado injustamente como delincuente en medios de comunicación, redes sociales y en el entorno. Así, en el portal www.proyectoinocentes.cl se pueden revisar los casos respecto a lo judicial como también conocer las historias y testimonios de Elizabeth Mendoza y Luis Ojeda y de otras personas que estuvieron hasta dos años en prisión preventiva, por imputaciones de gravísima connotación en algunos casos”, subrayó el defensor regional de Los Ríos.
