Por Juan Guerra Hollstein
Seremi de Gobierno Los Ríos
Nuestro gobierno ha dado un paso crucial hacia la modernización del sistema de impuestos chileno, con la reciente aprobación en el Congreso del proyecto de ley de cumplimiento tributario. Como dice su nombre, este proyecto tiene como objetivo principal reducir el no cumplimiento tributario, y de tal manera aumentar la recaudación fiscal. Es decir, se trata de reducir aquellas “áreas grises” que existen en el sistema actualmente, que permiten a quienes más tienen eludir o evadir el pago de los impuestos que les corresponden, perjudicando a todo el país. Es en este sentido que este avance, que ahora espera ser promulgado como ley, es un testimonio del compromiso del Presidente Gabriel Boric con una gestión fiscal más eficiente y justa.
Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Pacto Fiscal, busca no solo aumentar la recaudación, sino también canalizar esos nuevos recursos hacia dos áreas fundamentales: el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y el fortalecimiento de la seguridad pública, incrementando la inversión en un 40% respecto al año 2022. Ambos compromisos no solo responden a demandas sociales urgentes, sino que también son pilares de la visión de nuestro gobierno de un país más equitativo y seguro.
El esfuerzo por modernizar la administración tributaria es particularmente destacable. Bajo esta ley, instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, Aduanas y los tribunales tributarios recibirán nuevas herramientas y recursos para mejorar su fiscalización. Además, la reforma incluye la actualización de las sanciones por delitos tributarios, elevando las penas para quienes faciliten o utilicen documentos falsos.
En el plano económico, esta nueva legislación apunta a una fiscalización más rigurosa de los grandes grupos empresariales, estableciendo mecanismos para asegurar la sostenibilidad tributaria a largo plazo. Esto demuestra una clara intención de nivelar el terreno entre mipymes y grandes empresas, reduciendo la elusión fiscal y promoviendo una mayor competitividad.
A nivel político, tanto el oficialismo como la oposición han reconocido la importancia de este avance. En esta línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destaca que este logro es fruto de un acuerdo amplio en el Parlamento, alejando los fantasmas de la fallida reforma tributaria anterior y enfocando la atención en los beneficios tangibles que esta nueva ley traerá al país, incluyendo que su aprobación en septiembre permitirá que sus efectos puedan percibirse desde ya en el Presupuesto del 2025.
En resumen, la aprobación de este proyecto de ley es un reflejo del liderazgo y la visión del presidente Gabriel Boric, quien ha demostrado que es posible avanzar en reformas estructurales que beneficien a la mayoría de los chilenos. La modernización del sistema tributario no solo asegurará una mayor recaudación fiscal, sino que también permitirá financiar proyectos sociales clave, como el aumento de la PGU y la mejora en seguridad pública, dos áreas que impactarán directamente en la calidad de vida de las personas.
