David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresó su preocupación por las crecientes dificultades en el sector, atribuidas a declaraciones adversas de algunos parlamentarios y recientes decisiones administrativas. “El Parlamento ha denostado la labor pública y amenaza la estabilidad laboral. Nos preocupa que ya exista oposición anticipada a un eventual proyecto de ley que permita concretar el reajuste”, afirmó.
Otro factor que genera malestar entre los trabajadores públicos es el reciente dictamen de la contralora Dorothy Pérez, que modificó el criterio de “confianza legítima” para los empleados a contrata, herramienta que anteriormente brindaba cierta protección frente a despidos arbitrarios. Según Acuña, esta resolución incrementa la incertidumbre laboral en el sector público.
En respuesta a este escenario, la CUT anunció una escalada de movilizaciones a nivel nacional, comenzando con un paro convocado para el jueves 28 de noviembre, acompañado de marchas en rechazo a las posturas parlamentarias que califican de denostadoras hacia los funcionarios públicos. “La movilización no solo busca presionar al gobierno, sino también al Parlamento para proteger derechos laborales y evitar retrocesos en las condiciones de los trabajadores del Estado”, señaló el dirigente.
El desarrollo de la negociación salarial será clave para determinar si las demandas de los trabajadores logran ser atendidas. Las próximas reuniones entre los representantes del sector público y el gobierno definirán si se llega a un consenso que permita evitar un mayor conflicto. Mientras tanto, las organizaciones sindicales mantienen su postura firme y advierten que continuarán movilizándose hasta lograr garantías concretas de estabilidad y mejoras en las condiciones laborales.
