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Patricio Muñoz, subdirector de Asistencia del SII, explicó los alcances de la medida y sus objetivos principales. “El objetivo de la medida es asegurar que todos los contribuyentes estén en igualdad de condiciones al momento de desarrollar su negocio, evitando que algunos comercios busquen el pago en efectivo o a través de transferencias, para no emitir la boleta electrónica y no realizar el correspondiente pago del IVA”, señaló.
Según lo establecido en la resolución, los comercios que cuenten con medios de pago y dispongan de impresoras deberán entregar una copia impresa de la boleta electrónica o del voucher. En tanto, aquellos que no cuenten con dispositivos de impresión podrán enviarla en formato digital mediante canales electrónicos como correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea o códigos QR.
“La obligación para estos contribuyentes es entregar una copia digital de la boleta electrónica emitida o del voucher, por los medios electrónicos que tengan disponibles, como, por ejemplo, correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, Códigos QR, entregándoles un plazo mayor para adaptarse a esta obligación”, agregó Muñoz.
El ejecutivo del SII también destacó que esta normativa busca fortalecer la formalización del comercio y fomentar una competencia justa. “El objetivo es apoyar a los buenos contribuyentes, a través de una competencia justa, y también que los propios clientes prefieran aquellos locales que cumplen con sus responsabilidades con el país”, afirmó.
Distintas asociaciones gremiales han manifestado su desacuerdo con la medida. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, criticó la exigencia de solicitar información de contacto a los clientes para el envío de boletas electrónicas, considerando que esto representa una carga adicional para los pequeños comercios. “Se les obligará a pedir información de correo electrónico para enviar el comprobante, lo que generará más trabas y no se condice con los pequeños ingresos que obtiene este tipo de comercios”, expresó.
Asimismo, cuestionó la obligatoriedad de imprimir boletas cuando el comercio disponga de una impresora, lo que generaría mayores costos y posibles sanciones. “En los casos donde hay impresora sí se les obligará a imprimir incluso en contra de la voluntad del cliente, con mayores costos para las Pymes y viéndose expuestos a multas y posibles clausuras de hasta 20 días”, agregó.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), su presidenta María Teresa Vial también expresó reparos, señalando que la medida va en contra del proceso de digitalización del comercio. “Creemos que toda regulación debe ir en sintonía con los avances tecnológicos y la realidad operativa del sector. La obligatoriedad de imprimir vouchers en una era digital puede representar un retroceso significativo en el proceso de modernización del comercio en Chile, afectando la eficiencia operativa y sostenibilidad de los negocios”, indicó.
Además, advirtió que la resolución podría incentivar la informalidad en el comercio, ya que algunos pequeños empresarios podrían optar por operar en efectivo para evitar costos adicionales. “Al exigir la impresión de vouchers, muchos pequeños y medianos comerciantes que utilizan tecnologías de pago digital (…) podrían optar por volver al uso de efectivo, lo que dificulta el control tributario y aumenta el riesgo de informalidad”, afirmó Vial.
La resolución del SII también enfrenta oposición desde el sector financiero. Transbank S.A. presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Director del SII, Javier Etcheberry, argumentando que la normativa es ilegal y arbitraria, ya que vulneraría garantías constitucionales y afectaría su modelo de negocio.
La empresa estima que la adaptación de sistemas y dispositivos generaría pérdidas de hasta US$10 millones, lo que, según su postura, supone un perjuicio significativo.
