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Según explicó Daniela Gutiérrez Martínez, hija de los afectados, la corporación asumió el caso el 2 de diciembre de 2024, y pese a que el tribunal fijó como fecha límite para presentar la oposición el 8 de diciembre, los abogados enviaron la defensa el 9 de diciembre, un día fuera de plazo, motivo por el cual el tribunal rechazó la oposición y cerró el caso en contra de la familia.
“La Corporación de Abogados se equivocó, envió la defensa tarde, por un día, y una vez que se atrasó, la justicia empezó a rechazar absolutamente toda nuestra defensa. Fue un juicio cerrado, en el que no tuvimos chance de ni siquiera demostrar que lo que ellos decían era mentira”, denunció Daniela, quien explicó que la familia contaba con un documento de compra-venta del terreno, firmado en 1975 por su abuelo, pero que por falta de regularización nunca se inscribió en Bienes Raíces.
Daniela relató además que sus padres fueron acusados de “ocupas” por el empresario, a pesar de haber vivido toda su vida en ese lugar. “Mis papás viven en Carlos Condell, a la ribera del río, y ellos viven ahí por más de 40 años. Mi mamá mucho más, de hecho. Y hace un tiempo atrás, como a mediados de noviembre, nos llegó una demanda por el restaurante Río Restobar, diciendo que mis papás habían sido ocupas, lo que no era verdad, porque yo crecí ahí también”.
Frente al rechazo judicial de toda su defensa, la familia intentó al menos obtener un plazo mayor para desalojar, petición que también fue denegada: “Cuando pedimos un mes de plazo para el desalojo, porque en 10 días era muy poco tiempo para encontrar un arriendo y ver qué hacer con nuestros papás, también nos lo rechazaron. No nos dieron tiempo de nada”.
Hoy, con una orden de desalojo en curso, la familia se encuentra desesperada buscando un arriendo: “Como familia ya agotamos todas nuestras posibilidades. De hecho, ya dimos por perdida la tierra. Estamos buscando un arriendo ahora para podernos ir, porque ya estamos con el tiempo límite y nos dicen que en unos días más van a ir con carabineros a desalojar”, expresó Daniela.
Por esto, realizan un llamado urgente a la comunidad: “Estamos en busca de un arriendo, porque estábamos viendo unos, pero no es concreto todavía. Y necesitamos, si alguien sabe de algún arriendo, ya sea de terreno o de casa, que nos pueda ayudar y facilitar, porque ya estamos con el tiempo límite. Se lo agradeceríamos bastante”.
Finalmente, Daniela indicó que abogados particulares consultados les confirmaron que debido a la negligencia en la presentación fuera de plazo, no queda ninguna opción judicial para revertir el proceso: “Nos dijeron que, por el error de la corporación al presentar tarde la oposición, ya no podemos hacer nada, al menos con este juicio. Solo nos queda acatar el desalojo y nada más”.
El juicio
El Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno acogió la demanda de precario presentada por doña Irma del Carmen Iturriaga Zelaya en contra de Roberto Alejandro Gutiérrez Ojeda, ordenando la restitución de una propiedad ubicada en calle Carlos Condell 1705, ocupada sin título por el demandado. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento monitorio, y dispone el desalojo del inmueble junto a sus ocupantes, por haberse constatado la ocupación ilegítima y no haberse presentado una oposición válida dentro del plazo legal.
Por su parte, el demandado y su pareja, Fabiola Martínez Troquián, alegan derechos sobre la propiedad basados en una antigua compraventa realizada en 1973 por el padre de esta última. Sin embargo, la tercería presentada por Martínez fue rechazada por el tribunal por falta de documentos vigentes y por haberse presentado fuera del plazo establecido.
A pesar de las solicitudes para suspender el lanzamiento por razones humanitarias, el tribunal mantuvo la orden de desalojo al no acreditarse los requisitos exigidos por la ley.
