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La solicitud de concesión buscaba habilitar la construcción de un emisario submarino de más de 2.200 metros de longitud y un metro de diámetro, destinado a evacuar efluentes tratados desde la Planta Valdivia, con una vigencia de 50 años, sumando además una solicitud complementaria para el tramo final del ducto.
El Ministerio de Defensa, al resolver, acogió las recomendaciones de la Armada de Chile, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca y la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Los Ríos. Estas entidades alertaron sobre la incompatibilidad del proyecto con las actividades de pesca artesanal, los derechos de las comunidades indígenas y la protección de los recursos bentónicos presentes en la zona.
Respecto a la resolución, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, valoró la decisión de la autoridad marítima, indicando que “después de 16 años de tramitación, el Ministerio de Defensa ha denegado la solicitud de concesión marítima presentada por la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. para instalar un ducto al mar en Mehuín, comuna de San José de Mariquina, región de Los Ríos”.
Por su parte, el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cuvertino, sostuvo que “un ducto al mar con fines industriales es incompatible en Mehuín, más allá de los aspectos medioambientales”, destacando además que “valoramos profundamente la decisión tomada”.
Esta determinación reafirma un enfoque de desarrollo sostenible, donde se da prioridad a los intereses de las comunidades locales y la protección del entorno marino, frente a proyectos de carácter industrial. Cabe recordar que la iniciativa impulsada por Arauco generó históricas divisiones y movilizaciones en Mehuín, situación que llevó a la empresa a implementar nuevas prácticas para el tratamiento de sus residuos industriales.
Desde la compañía, en tanto, informaron que se encuentran analizando la resolución para determinar los pasos a seguir, sin descartar una eventual impugnación. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado con claridad su postura de priorizar la sostenibilidad y los intereses de la ciudadanía por sobre los intereses privados.
