Por Camilo Gómez
Columnista de noticiaslosrios.cl
En pleno siglo XXI, viviendo en un país que mira hacia el desarrollo con razonable esperanza, donde la alfabetización llega casi al 98% de la población y la pobreza disminuye de manera estable, resulta insólito que una columna lleve este título que parece una obviedad. Sin embargo, en los últimos días hemos visto una apología a la tortura que resulta difícil de creer en un periodo distinto al de la inquisición española del siglo XV o de una dictadura.
El contexto, comienza con el brutal asesinato de Margarita Ancacoy mientras se dirigía a su trabajo. Se presume que el crimen habría sido cometido por un grupo de ecuatorianos de los cuales dos fueron detenidos y puestos en prisión preventiva por ser un riesgo para la sociedad. Es en la cárcel, en que estas personas son abandonadas al salvajismo de parte de otros imputados, quienes los rapan, golpean y proceden a torturarlos con electricidad mientras son grabados por un teléfono celular a vista y paciencia del personal de Gendarmería de Chile, los que son probablemente quienes filtran las imágenes que han circulado libremente por redes sociales y medios de comunicación.
De allí, el debate se enciende en torno a quienes validan la tortura como forma de “hacer justicia” y quienes plantean que no se pueden avalar este tipo de vejaciones por ningún motivo.
Entre los primeros se crea la falsa idea de que el sistema no funciona o que existe un sistema penal “pro delincuente” cuestión que no está más lejos de la realidad. Esa denominación “pro delincuente”, es por cierto vacía, puesto que el sistema penal está diseñado para establecer una respuesta lo más cercana al ideal social de justicia. Esto quiere decir, que los delincuentes paguen por sus delitos y que la sociedad tienda a disminuir la comisión de estas conductas, pero con las garantías fundamentales del principio de inocencia y el debido proceso, es decir “juicio justo”.
Resulta entonces preocupante que la sociedad contemporánea si quiera se plantee preguntas como “¿merecen los reos derechos básicos? [ visto en TVN]” o que referentes sociales como Claudio Bravo o Tonka Tomicic validen la barbarie sin conocer la responsabilidad que les compete como personas públicas, dando a entender que la violencia es una forma válida de resolver nuestros problemas, que no es necesario acreditar la responsabilidad y que basta con el reproche social para desencadenar una carnicería en pos de saciar el ánimo de venganza y de espectáculo de la turba.
En este punto debemos distinguir dos percepciones, la primera es la de las víctimas y sus familias, a quienes no se les puede reprochar sentir odio y desear lo peor a sus victimarios, puesto que visceralmente el que sufre tiene un justificado ánimo de retribución. Pero, como sociedad, no podemos arrogarnos esa posibilidad, no podemos plantear respuestas a estos hechos desde “la guata”, puesto que nuestro deber como ciudadanos es promover el bien común como objeto de las decisiones públicas.
Desde que se suscriben tratados internacionales contra la tortura y los apremios ilegítimos, lo que buscamos como sociedad es avanzar en civilización.
Por eso se prohíbe la ordalía, es decir el juicio de la violencia, las cacerías de brujas en que se lanza a la gente amarrada al río y que al ahogarse se declare su inocencia; por esa razón se prohíben los duelos, puesto que una persona que se sienta ofendida no tenga el derecho a matar a quien lo ofende. En definitiva, se busca eliminar los castigos por “tincada” o dejar al arbitrio de la patota el masacrar a quien se le ocurra.
Esto nos lleva a profundos cuestionamientos sociales, por nuestra profunda carencia cívica demostrada en el último tiempo, y en una falta de construcción de valores sociales o una ética humana coherente, puesto que se aplaude a los imputados que torturaron a estas personas en la misma medida que aquellos se les condena socialmente por ser igualmente delincuentes. Se abre la puerta a fanatismos xenofóbicos y finalmente se pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos debido a que nadie esta libre de verse envuelto en un juicio penal.
De lo anterior, surge la pregunta sobre la función de Gendarmería y su rol de garante de la seguridad de quienes están a su cuidado ¿Se puede validar que profesionales permitan la tortura, la promuevan para su disfrute, la registren en videos y luego lo viralicen? ¿quién asegura entonces que a una persona que cumple arresto nocturno por no pagar pensión alimenticia o que se encuentre en prisión preventiva por conducir en estado de ebriedad no sea electrocutado por otros presos?.
Demás está decir que el rol de los medios es fundamental, alimentar el morbo y el sadismo por audiencia no solo es poco ético, sino que los vuelve cómplices de la sensación de inseguridad, de la desconfianza hacia instituciones que estaban realizando su trabajo, recordemos que los torturados estaban en prisión preventiva y arriesgan una pena de cárcel de presidio perpetuo calificado.
Así, no existen los llamados “pro delincuente”, sino una necesidad de un sistema penal que asegure a las personas garantías mínimas de debido proceso, en que a una persona no se le condene antes de recibir una sentencia y que las penas sean proporcionales a los hechos cometidos, sin dejar atrás la dignidad humana puesto que, en teoría, nos encontramos un puñado de siglos más adelantados de la edad media.
Se pueden decir muchas razones de por qué torturar está mal y la angustia social que genera el hecho de tener que argumentar siquiera en torno a esta idea es lamentable, pero puede reducirse a la pregunta de que una sociedad que ampara la tortura y la violencia contra aquellos que denomina monstruos ¿es realmente mejor que aquellos que desprecia? ¿o simplemente somos una sociedad de torturadores y asesinos esperando una oportunidad para desplegar la barbarie?.
