Por Egon Montecinos Montecinos
Director del Centro de Estudios Regionales UACh
Hace poco Latinobarómetro presentó los resultados de su tradicional estudio que, entre otras cosas, mide adhesión a la democracia. Para el año 2018, sólo un 48% de ciudadanos de América Latina la apoya como mejor sistema de gobierno, un 28% se declara indiferente y un 15% apoyaría un régimen autoritario. En Chile, la adhesión a la democracia es mejor que en la región, llegando a un 58%, al igual que los que se declaran indiferentes que es de un 15%, pero lo inquietante está en aquellos que apoyarían un régimen autoritario, el cual se dispara al 23%, ocupando el segundo lugar de América Latina después de Paraguay.
Situación más que preocupante si consideramos que Chile cuenta con una legislación de baja intensidad para promover la democracia y la participación ciudadana en la gestión pública. En esta línea, el viernes pasado el Centro de Estudios Regionales-UACh presentó los resultados de un estudio donde se evaluó el cumplimiento de la ley 20.500 (de participación ciudadana en la gestión pública) en 52 municipalidades de la Región de Los Ríos, Los Lagos, Aysén. El estudio reveló, por ejemplo, que el principal espacio de participación ciudadana que considera la ley, el COSOC, está constituido en poco más del 50% del total de municipalidades, pero funciona habitualmente sólo en un 40% de éstas instituciones. La conclusión es categórica, no existe un cumplimiento cabal del principal espacio de participación que considera la ley.
¿Por qué tenemos esta compleja situación a nivel municipal? Hay a lo menos 3 factores que se entremezclan. Por falta de recursos y personal suficiente para implementar la ley, dado que el Estado no dispone recursos adicionales a los municipios para ello. Segundo, existe una falta de incentivos positivos para constituir el COSOC. Por un lado, existe la convicción por parte de los dirigentes sociales de que no tiene mucha utilidad pertenecer a esa instancia, y por otro lado, para ingresar a ese espacio, se solicitan requisitos inéditos a las organizaciones sociales que en comunas pequeñas es muy difícil de cumplir. Y finalmente, la ley no contempla premios para aquellos municipios que van más avanzados en esta materia, y sanción efectiva para aquellos que se niegan a realizarlo.
La democracia no está firme, hay que cuidarla y tomarse muy en serio el desafío de fortalecerla.
